Jueves 17 de Abril de 2014

El mayor porcentaje de las causas que nos llegan tienen que ver con accidentes de trnsito

Cules son los criterios que toman en cuenta los jueces para fijar el valor de la vida? Qu es lo que establece la ley si me pasa algo viajando en colectivo? Como acta la justicia puede resultarnos til para saber cmo hacer valer nuestros derechos.

juecesDurante sus 40 años de trayectoria en la justicia, Juan Carlos Dupuis ha visto, analizado y dictado sentencias en una gran cantidad de causas relacionadas con siniestros viales. En la Cámara Civil, el tribunal que integra desde hace cerca de dos décadas, se analizan diariamente un gran porcentaje de casos cuyo denominador común son los accidentes de tránsito que revisten algún tipo de gravedad.

“La gran mayoría de las causas que nos llegan de primera instancia tienen que ver con siniestros en los que se han producido lesiones, ocurridos tanto en la ciudad de Buenos Aires como en otras provincias donde están involucradas las compañías de seguros que tienen su sede en Capital Federal. El porcentaje es menor en los reclamos por daños materiales, porque allí la gente suele quedar más satisfecha con las sentencias de primera instancia”, afirma.

— Además de la Ley Nacional de Tránsito, cada provincia tiene su legislación específica. ¿No existe un riesgo de superposición de normas de tránsito?

-Todas las normativas de tránsito contienen principios análogos. Ante un accidente que ocurre en Capital Federal, por ejemplo, los jueces tenemos que aplicar tanto la Ley Nacional, que es federal y se aplica siempre, como las leyes de tránsito sancionadas específicamente para cada localidad, en este caso para la ciudad de Buenos Aires. Por otra parte, además de las normas especiales para cada jurisdicción, también rigen a nivel nacional los principios generales del Código Civil, por lo que hay una analogía o relación entre toda la normativa aplicable a los accidentes de tránsito.

— ¿Cuáles son los principios generales del derecho civil que más se aplican en estos casos?

— Una de las normas centrales es la que establece la responsabilidad objetiva, llamada también responsabilidad por la cosa, en este caso el vehículo. Esto quiere decir que quien embiste se presume responsable salvo que acredite la culpa de un tercero o de la propia víctima del accidente, invirtiéndose de este modo la carga de la prueba.

Por su parte, en el caso del transporte de pasajeros, el Código de Comercio también fija una responsabilidad de tipo objetiva, por la cual el transportista está obligado a responder frente al pasajero desde el mismo momento en que éste pone un pie sobre el colectivo y aún antes de sacar el boleto, como lo establece la jurisprudencia.

Lo que cuesta fijar el monto

— ¿Cuáles son las variables que toman en cuenta los jueces para establecer cuánto cuesta una vida?

— Hay una cuestión primaria y es que la vida no tiene un valor económico. Así como tampoco puede cuantificarse el valor de un órgano del cuerpo lesionado en un accidente. Pero en una sociedad civilizada, los tribunales tienen que establecer maneras de reparar los daños, fijando valores para tratar de compensar a los herederos y a los familiares directos de las víctimas lo que es incompensable. Para fijar esa suma, los jueces tomamos en cuenta una serie de parámetros y de circunstancias que rodean a la víctima, como su edad, sus expectativas de vida, y sus proyecciones de progreso y de ahorro, en base a su situación económica y familiar. También consideramos su estado civil y el porcentaje de incapacidad sobreviniente al accidente que sufrió.

— ¿Cómo se llega al monto de indemnización en el caso de muerte?

— Algunos tribunales fijan como tope máximo 2.500 pesos por punto porcentual de incapacidad sobreviviente al accidente. El valor vida se lo entiende como 100 puntos porcentuales (la vida vale el cien por ciento de la salud), por lo que estaríamos hablando de una indemnización por muerte promedio de 250.000 pesos. Pero, aclaro, esto no es uniforme. De todas formas, esa suma promedio puede aumentar o disminuir, ya que no es lo mismo la expectativa de vida de una persona que tiene 85 años que la de alguien que muere a los 40 años en la mejor etapa de progreso económico de su vida.

— ¿Qué otros rubros se reclaman en los juicios por accidentes de tránsito?

— El daño moral, que es el sufrimiento por todas las vivencias que son consecuencia de un accidente. Para la jurisprudencia, cuando hay lesiones físicas, el daño moral se computa siempre y según el tipo de la incapacidad provocada. También suelen sumarse el lucro cesante, relacionado con la inactividad a que se ve obligada la persona que queda impedida luego de un accidente, la lesión estética, ya sea dentro del daño moral o bien en forma independiente, y todos los gastos médicos de traslado y atención.

Muchas veces, las personas sufren accidentes graves y si bien no mueren, tienen que seguir viviendo con una gran incapacidad, tanto física como psíquica. Para establecer los valores de esta incapacidad sobreviniente, se tienen en consideración la actividad de la víctima, la posición económica de los herederos, y cuál era la expectativa de éstos de recibir ayuda dineraria de la persona fallecida. El caso más común es el de los hijos menores, que necesitan como nadie del apoyo económico y espiritual de los padres.

De todas formas, las cifras en concepto de valor vida se van movilizando según las variaciones del costo de vida y dependen de cada tribunal. A veces la gente siente que se les otorga poco, sobre todo cuando se compara la cifras con las que se dan en otros países, donde las realidades económicas son diferentes. No es nada sencillo fijar cuánto cuesta una vida, pero los jueces tenemos la obligación de hacerlo.

Qué pasa si me atropella un colectivo

A mediados de la década pasada, las autoridades declararon la emergencia económica del mercado asegurador de las compañías de transporte público de pasajeros. En ese marco, le correspondió a la Superintendencia de Seguros, el organismo competente en la materia, establecer una franquicia o tope económico para los contratos de seguros de responsabilidad civil tanto de los colectivos como de otros vehículos destinados a transportar a los ciudadanos.

¿Qué significaba ese monto?Básicamente: si como peatones sufríamos un daño causado por un colectivo (ya sea como transportados o no), y dicho daño no llegaba a la suma que la Superintendencia había establecido en 40 mil pesos, no podíamos reclamar nada ante la compañía de seguros de la empresa de colectivos en cuestión.

“La franquicia había sido dictada por la autoridad legal de aplicación, la Superintendencia de Seguros, dentro de un contexto de emergencia económica. Se trató de un elevado monto de franquicia que trajo jurisprudencia encontrada, ya que dejaba sin resarcimiento a una gran cantidad de víctimas, las cuales sólo podían reclamar a partir del monto establecido por esa franquicia, es decir, cuando la suma indemnizatoria superaba los 40 mil pesos”, cuenta Dupuis.

Había jueces civiles que pensaban que la franquicia fijada por la autoridad de seguros tenía que ser dejada de lado por inconstitucional, y otros -como Dupuis que estaban a favor de una estricta aplicación de la normativa vigente, que contemplaba la franquicia. A fines del año pasado, los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil se reunieron en plenario (es decir, todos los jueces de cámara juntos) para decidir qué hacer en estos casos. Allí se decidió, por mayoría, que la franquicia no es aplicable para un tercero que sufre un accidente de tránsito en el que interviene un colectivo. Esta decisión en plenario se conoce como “plenario Obarrio”.

Lo que se decide en un plenario es muy importante porque es obligatorio para todos los jueces del fuero, quienes no pueden apartarse en sus decisiones de la doctrina que el plenario fija.

“Hoy en día, cualquier persona que litigue por un accidente dentro del ámbito de la Capital Federal puede invocar el plenario Obarrio y obtener una indemnización por la totalidad del daño, sin considerar la franquicia establecida por la Superintendencia de Seguros”, agrega Dupuis.

La justicia educativa

Durante los últimos años, en forma paralela a la proliferación de accidentes en nuestro país, ha ido cobrando protagonismo el concepto de justicia o jurisprudencia educativa, ligado sobre todo a la reducción de las indemnizaciones de las víctimas cuando éstas se olvidan de cumplir con algún deber de seguridad o de autoprotección,  como usar el cinturón o el casco, por mencionar los casos más comunes.

Para Dupuis, la justicia educativa no es más que la aplicación efectiva y literal del derecho. “No debería sorprender que se reduzca el monto indemnizatorio de aquel que viola alguna norma que impone una exigencia relacionada con su autoprotección, porque está contribuyendo a agravar el daño, aunque se trate de una víctima. Uno de los principios de la responsabilidad civil es que tiene que haber una relación de causalidad entre el hecho y el daño”, asegura.

 

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